Es podria produir una retallada en les pensions per culpa de la pandèmia?

En 2021, las pensiones contributivas (aquellas supeditadas al hecho de haber cotizado a la Seguridad Social durante un periodo mínimo) subieron un 0,9%, siendo la cuantía mensual máxima que puede llegar a cobrar un pensionista de 2.707,49 euros mensuales en 14 pagas. En cuanto a las pensiones no contributivas (que se otorgan a personas con ingresos bajos y que no llegan al periodo mínimo de cotización exigido), se incrementaron en 2021 un 1,8%, por lo que el importe mensual máximo se fija en los 402,80 euros, también, en 14 pagas.

Sin embargo, de cara a cumplir con los requisitos exigidos por la Unión Europea para poder acceder a los fondos del Next Generation EU, el Gobierno debe llevar a cabo una reforma de las pensiones, que, entre otras condiciones, pretende establecer un mecanismo de revalorización de las pensiones que vincule su poder adquisitivo a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Si bien faltan por concretarse todavía algunos detalles, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en repetidas ocasiones en que, aunque se produzca una inflación negativa en el futuro, eso no significará, en ningún caso, que las pensiones puedan bajar.

Nuevo periodo de cálculo

Además, esta reforma de las pensiones incluirá otros cambios relevantes, la mayoría de los cuales ya fueron ratificados con los agentes sociales dentro del Pacto de Toledo. Por ejemplo, se producirá una reformulación, todavía por concretar, del factor de sostenibilidad de las pensiones, el cual, hasta ahora, vinculaba su cuantía de acuerdo a la esperanza de vida. También se tiene previsto aumentar las bases máximas de cotización, que, en la actualidad, están en los 4.070 euros mensuales.

En relación al periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones, igualmente se revisará, aunque aún no se ha hablado del periodo concreto, si bien se pretende adaptar dicho periodo de cálculo a los nuevos modelos de carrera profesional. 

De hecho, un reciente estudio de Willis Towers Watson, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Valencia afirma que extender a 35 años el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones hará que las futuras pensiones puedan caer en promedio un 8,6%, con algunos casos en los que el descenso podría rondar el 15%. Este estudio subraya, además, que esto podría afectar especialmente a las pensiones de las mujeres, las cuales, habitualmente, suelen tener carreras laborales más cortas.

Adaptarse a la nueva realidad

En marzo de 2021, la deuda pública en España superó, por primera vez, el 120% del Producto Interior Bruto (PIB). A lo largo de los últimos años, esta magnitud ha ido incrementándose de manera paulatina, pero la pandemia global, que derivó en una recesión económica mundial, terminó por acelerar su crecimiento de manera muy rápida. Esta situación obliga al Gobierno a implementar una ambiciosa estrategia de consolidación fiscal para intentar, entre otros hitos, reducir el gasto en pensiones (cuya factura para las Arcas del Estado roza los 10.000 millones de euros mensuales), de manera que el país cuente con un mayor margen fiscal en el futuro.

Entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación, materializados en el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido el pasado mes de abril a Bruselas, figura el de que la nueva reforma en marcha vinculará la cuantía de las pensiones con la esperanza de vida, lo que, en el terreno práctico, significará que se reducirá la prestación en proporción a cómo crezca la expectativa vital de los futuros pensionistas. 

En ese documento, se cita la sustitución del factor de sostenibilidad (instaurado en el año 2013, pero que nunca llegó a aplicarse y quedó pospuesto hasta 2023) por un “mecanismo de equidad intergeneracional” que incorpore, junto a la evolución en la esperanza de vida, “otros indicadores complementarios”, que no se detallan, para aumentar la viabilidad futura del sistema público de pensiones.

Según ha señalado Escrivá, el Gobierno quiere acelerar al máximo esta reforma de las pensiones para evitar que se traspase a las generaciones más jóvenes todo el peso que supondrá para unas asfixiadas cuentas públicas el coste económico que tendrá, en unos pocos años, la jubilación de la generación del baby boom español.