El PIB de España aumentaría un 8,5% si se incentivaran los planes de pensiones de empresa

El envejecimiento de la población plantea grandes retos al sistema público de pensiones. Las previsiones demográficas indican que, tal y como está hoy planteado, será insuficiente para dar cobertura digna en los próximos años a todos sus beneficiarios. Para dar salida a este problema, muchos expertos trabajan en aportar soluciones, como las que ha elaborado el estudio ganador del XII Premio Edad&Vida Higinio Raventós, titulado ‘El ahorro para la jubilación a través de la empresa’.

Este informe, presentado por la Fundación Edad&Vida y VidaCaixa y elaborado por ICEA en colaboración con el Instituto Complutense de Análisis Económico y la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la introducción de medidas que incentiven fiscalmente el ahorro para la jubilación a través de las empresas mejoraría el PIB español en un 8,5%. Dicho en otros términos, se trataría de pasar de un sistema de pensiones como el actual, llamado de reparto o de solidaridad intergeneracional, a otro mixto, como ya se hace en otros países de la Unión Europea. Este sistema mixto supone combinar el modelo de reparto actual con la capitalización complementaria del ahorro a través de la empresa.

El sistema público de pensiones en España ha sufrido recientemente cambios, como el aumento de la edad de jubilación, para poder garantizar el modelo actual unos años más. Sin embargo, previsiones demográficas como las de la OCDE, que estiman que de cara al 2050 habrá hasta ocho jubilados por cada persona en edad de trabajar, impiden contemplar un horizonte claro para la jubilación de millones de personas.

Además, según las ‘Proyecciones de Población 2016-2066’ del Instituto Nacional de Estadística (INE), si a día de hoy los mayores de 65 años representan el 18,7% del total de habitantes, en 2031 esta cifra aumentará hasta el 25,6% y hasta el 34,6% en 2066. El número de personas mayores de 100 años, según el INE, crecerá espectacularmente, pasando de 16.460 personas en la actualidad a 222.104 en medio siglo, lo que elevará la esperanza de vida a cotas nunca vistas. En concreto, en 2066 ellos vivirán 88,5 años de media y ellas 91,6.

Además, todo indica que factores como la tasa de sustitución (cuantía de la pensión en relación al último salario) sigan decreciendo en los próximos años. El estudio presentado por la Fundación Edad&Vida y VidaCaixa plantea que, para que esta tasa pueda mantenerse en el 80%, bajo el supuesto de que se alcance una estructura demográfica como la esperada para 2050 por la OCDE, sería necesario incrementar las cotizaciones del 28,3% actual hasta el 37,4%. En caso de mantener las cotizaciones estables, la tasa de sustitución se reduciría al 63,6%. El nuevo modelo, en cambio, permitiría mantener el sistema público sin necesidad de incrementar las cotizaciones o reducir la tasa de sustitución.

El análisis se centra en impulsar el desarrollo del llamado segundo pilar del sistema de pensiones (es decir, el financiado por el ahorro colectivo a través de la empresa) como la mejor solución a los problemas de envejecimiento de las sociedades avanzadas. La conclusión del informe es que los mayores beneficios se obtienen con un segundo pilar de carácter mixto, es decir, un fondo de pensiones a través de la empresa mixto, con una parte obligatoria para la empresa, que se aplicaría de forma progresiva, y otra incentivada fiscalmente. El estudio también concluye que simplemente incrementando los incentivos fiscales se impulsaría la economía española.

Las principales mejoras macroeconómicas que con la introducción de este modelo mixto prevé el estudio ganador del XII Premio Edad&Vida Higinio Raventós en un escenario demográfico como el que plantea el INE en 2025 son las siguientes:

• El PIB en España ascendería un 8,5% si solo se aplicaran incentivos fiscales y un 8,6% si se aplicara una parte con incentivos y otra de forma obligatoria.
• Mejoraría el empleo un 2,2%.
• La tasa de ahorro podría llegar a crecer un 23%.
• El índice de bienestar, entendido como el consumo a lo largo del ciclo vital, crecería un 9,9%.

Llevar a cabo todos estos cambios estructurales supondría asumir unos costes de transición. Sin embargo, no hacerlos implicaría soportar efectos negativos sobre el PIB y el bienestar de la economía en el largo plazo.

Por todas estas razones, los autores del estudio proponen la creación de un Órgano Consultivo para debatir y acordar las reformas y una Comisión de Control que supervise la implantación, el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

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